El interventor de Madrid reconoció las irregularidades del ‘caso FP’: “Se siguió un procedimiento opuesto al correcto”

Francisco Javier Carmena Lozano, interventor general de la Comunidad de Madrid, advirtió en un informe oficial de que la reforma de centros educativos impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que se investiga en el caso FP se había hecho con “un procedimiento completamente opuesto al correcto”. Así consta en las actuaciones judiciales que intentan esclarecer el presunto fraccionamiento ilegal de facturas en 2021, 2022 y 2023 para otorgar a dedo (a través de contratos menores, principalmente al grupo Virelec) obras que deberían haber salido a concurso público (permitiendo la competencia entre empresas). Por ello, la jueza, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, busca dilucidar quién es el responsable del diseño del sistema de pagos, tras tomar declaración en marzo a tres investigados que dijeron que se aplicaba “desde siempre” y que apuntaron a la cadena de mando de la consejería.

“Se observa la inaplicación del procedimiento legalmente establecido, habiéndose seguido un procedimiento completamente opuesto al correcto”, se lee en el documento del interventor, firmado en mayo de 2024, y al que accedió EL PAÍS. “Resulta evidente que la adjudicación se ha efectuado sin seguir el procedimiento previsto al efecto en la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] (ausencia de tramitación del procedimiento contractual adecuado)”, se subraya en el informe, focalizado en las obras de dos centros del complejo educativo San Fernando. “De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de auditoría realizada se ha comprobado que los expedientes de gasto se han tramitado mediante contratación menor”, se añade, apuntando al posible fraccionamiento ilegal de gastos. Y se concluye: “Se ha incumplido el procedimiento de gasto, pudiendo constituir un supuesto de infracción en materia de gestión económico-presupuestaria”.

Además, los investigadores de la Fiscalía que solicitaron ese análisis destacaron que sus conclusiones señalaban a la responsabilidad de la Administración, pese a que en la causa hay dos directores de centros educativos investigados.

“No se ha tramitado por la Consejería el expediente de contratación que correspondería atendiendo a la naturaleza e importe del proyecto”, se afea. “El gasto no ha sido autorizado por el órgano competente”, se añade sobre una de las obras. “La Consejería, conocedora del importe del proyecto, debería haber elevado la autorización del gasto al Consejo de Gobierno”, se recalca. “Se ha producido una omisión de la fiscalización previa”.

El señalamiento de la responsabilidad gubernamental se reproduce también en las auditorías hechas por la intervención de los centros afectados por la causa. En ellas se apunta que “el centro carece de competencia para autorizar dichos gastos, que correspondería a la Consejería”; que “los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones, no nuevas inversiones, y gastos de cuantía limitada al contrato menor”; y que “no se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de las necesidades de equipamiento y de la entidad de las obras a acometer”.

Esa tesis de la responsabilidad gubernamental fue precisamente la que defendieron los dos directores y el exalto cargo regional investigados cuando tuvieron que declarar ante la jueza a mediados de marzo: “Esto venía dado desde arriba. Venía hecho”.

En ese contexto, el Gobierno de Ayuso ha reconocido a través de la abogacía autonómica “las anomalías” de los contratos, y ha intentado personarse en la causa, lo que se le ha denegado hasta ahora. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era consejero de Educación, y Rocío Albert, hoy titular de Economía, Empleo y Hacienda, era viceconsejera.

La magistrada encargada de dilucidar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, en el que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”. Por su parte, la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento”.

Todo ocurrió así: el 18 de septiembre de 2023, dos centros educativos de la Comunidad de Madrid en el complejo ciudad escolar de San Fernando reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones enviadas por orden de Navarro, al que la jueza no ha llamado a declarar, y por lo tanto no forma parte en estos momentos de la causa. Con esas comunicaciones acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, y a que investigue internamente lo ocurrido.

Como consecuencia, se detectan, según el informe de la intervención, 3.998.251,76 euros en pagos al grupo Virelec, hechos a través de todas las direcciones de área territoriales (excepto la Norte) y con una decena de centros como destinatarios de unos trabajos que todas las partes implicadas reconocen como realizados.